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39 PROCEDIMIENTO. QUEBRANTAMIENTO DE CLAUSURA. LEY 11683

PARTE/S:

Causa 13.918

TRIBUNAL:

Cám. Nac. Penal Ec.

SALA:

B

FECHA:

11/08/2000

Jurisprudencia
Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE)

Nacional

I.DT.250.JC.1.39

39 PROCEDIMIENTO. QUEBRANTAMIENTO DE CLAUSURA. LEY 11683

I - El caso

Se trató de un proceso iniciado por violación a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 11683. En dicha oportunidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos actuó como autoridad de prevención, dando cumplimiento en principio a las disposiciones de los artículos 183 a 186 del Código Procesal Penal de la Nación, elevando las actuaciones, en su oportunidad, al Juez en lo Penal Económico para el trámite de la causa.

La defensa del imputado planteó la nulidad pues, a su entender, el Juez dispuso la formación del sumario, sin tener el pedido de requerimiento que, a su juicio, exigía el Código Procesal en su artículo 188.

El Juez en lo Penal Económico rechazó el pedido de nulidad, siendo apelada esa incidencia ante el Superior.

II - La sentencia

La Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo de la articulación de la sentencia, sosteniendo que cuando las causas se inician por prevención, no es requisito el requerimiento fiscal, ya que lo que el Código pretende es que el Juez no inicie de oficio las investigaciones. En apoyo de tales afirmaciones, se citaron las disposiciones de los artículos 188 (requerimiento fiscal) y 186 (facultades y obligaciones de los preventores). Sobre la base de esos dos artículos, se entiende que los procesos pueden iniciarse por dos medios, o bien por requerimiento, o bien por prevención policial.

En consecuencia, como el artículo 44 de la ley 11683 faculta a realizar las actividades de prevención al personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, conforme lo expresa su párrafo tercero, se entiende que se ha cumplido con una de las formas de iniciación del proceso penal, y de ello se desprende que no era necesario el requerimiento fiscal de instrucción. En esas condiciones, se rechazó el planteo de falta de acción efectuado por la defensa.

III - El comentario

El razonamiento desarrollado por el Tribunal parece correcto, en la medida en que se acepte la interpretación que se hace acerca de dos formas de iniciación del proceso penal, la que si bien no compartimos por la expresa disposición del artículo 5º del Código Procesal Penal, no es del caso tratar ese aspecto en este comentario, por cuanto en la interpretación de la propia Cámara y de la Cámara Nacional de Casación Penal, lo resuelto en principio deviene congruente con esa postura y no admite mayor réplica en este análisis.

Sin embargo, nos parece que la disposición de la ley 11683, en su artículo 44, en cuanto establece la figura base, del quebrantamiento de clausura o de la violación de sellos y precintos lamentablemente no determina el procedimiento a seguir, por cuanto el establecido en el artículo 193 del Código Procesal Penal -el sumario de instrucción- conforme lo determina el inciso 1), es sólo para delitos, no para contravenciones.

Lo expuesto nos lleva, en primer lugar, a definir si la figura represiva, descripta en el citado artículo 44 de la ley 11683, se trata de un delito o una contravención.

Todo lo expuesto y la simple lectura del texto en estudio, nos permite afirmar que estamos en presencia de una contravención o falta, por cuanto las penas que impone son arresto y clausura, y que no existen como penas en nuestro Código Penal, ya que, en su artículo 5º, éste define a las mismas como de reclusión, prisión, multa e inhabilitación.

En consecuencia, no pueden aplicarse a estas penas contravencionales ninguno de los institutos que regulan su cumplimiento en el cómputo de la prisión preventiva, en la condicionalidad de la misma, en el instituto de la prescripción; etc.

Siendo así, y sin entrar en mayores detalles sobre el carácter de contravención de la figura acuñada en la citada ley de procedimientos tributarios, lo cierto es que nos parece un dispendio jurisdiccional que atenta contra los mínimos y elementales principios de economía procesal que se le dé a esa contravención o falta el trámite del sumario criminal, cuando podría quedar aprendida en las viejas disposiciones de los artículos 585 a 590 de la ley 2372 y sus modificatorias, con la jurisprudencia creada por los Juzgados Correccionales, donde a la llamada apelación se le daba el carácter de acción y se tramitaba ampliamente ante el Tribunal. Por lo demás, esas disposiciones han mantenido ultraactividad por imperio de la 24131, ya que la condición resolutoria de su existencia estaba vinculada con la creación de un órgano que no sería competente.

De no poderse aplicar los artículos mencionados o de considerar que los mismos no pueden regular el procedimiento, entendemos que la competencia atribuida a los Jueces en lo Penal Económico, al no establecer el procedimiento a seguir hace materialmente imposible aplicar la ley y, por lo tanto, resultarían exentas de responsabilidad las personas imputadas. Décimos que resulta inaplicable, porque las normas que regulan el proceso criminal o correccional no guardan relación con la naturaleza de las contravenciones, y lo que entonces enerva su aplicación es que, al no determinar el procedimiento aplicable, deviene inconstitucional por no asegurar mediante un procedimiento anterior al hecho de la causa, la defensa en juicio (art. 18, CN).

"Causa 13.918", CNPEcon., Sala B, 11/8/2000

BD 3 - DTE 03582 - Documento completo